Área de práctica 01
Sanciones, oposiciones y procesos selectivos, responsabilidad patrimonial y función pública, frente a ayuntamientos, el Govern de les Illes Balears y cualquier organismo público. Vía administrativa y recurso contencioso-administrativo.
Frente a un organismo público usted no discute en igualdad de condiciones. La Administración dicta un acto que se presume válido y es inmediatamente ejecutable, fija ella misma los plazos y le corresponde a usted reaccionar dentro de ellos. Si no reacciona, el acto gana firmeza y el fondo del asunto deja de ser discutible.
Eso convierte el Derecho Administrativo en una materia donde el procedimiento pesa tanto como el fondo. Un expediente sancionador con la notificación mal practicada, con la infracción prescrita o tramitado fuera de plazo puede caer por completo, sin necesidad de entrar a discutir si los hechos ocurrieron o no.
Lo urgente es el plazo. Si tiene una notificación reciente en la mano, ese papel lleva fecha y el reloj ya está corriendo. Llame al 681 27 03 40 y pida cita antes de hacer nada más.
Qué incluye
01
Multas de tráfico, sanciones de actividad y ruido, sanciones en materia de turismo y alquiler vacacional, costas y medio ambiente, y sanciones municipales de toda clase. Alegaciones en el expediente, recurso de alzada o reposición y, si procede, recurso contencioso-administrativo.
02
Reclamación de la indemnización por daños causados por el funcionamiento de un servicio público: caídas en la vía pública, daños por obras municipales, asistencia sanitaria y actuaciones administrativas defectuosas. Plazo general de un año.
03
Acceso al empleo público: policía local, bomberos, personal sanitario, docentes y personal de administración, tanto funcionario como laboral. Impugnación de las bases de la convocatoria, exclusiones de la lista de admitidos, pruebas físicas, médicas y psicotécnicas, baremación de méritos, revisión de exámenes y reclamación contra las calificaciones del tribunal. También bolsas de interinos: orden, llamamientos y exclusiones.
04
Ya dentro de la Administración: carrera profesional y reconocimiento de trienios y grado, situaciones administrativas, comisiones de servicio, régimen disciplinario y reclamaciones retributivas. Y qué hacer cuando la Administración simplemente no contesta. Es la materia del recurso de casación que el Tribunal Supremo me estimó en 2019 (STS 293/2019).
Alegaciones dentro del propio expediente y, contra la resolución, recurso de alzada o de reposición ante la misma Administración. Es un trámite que en muchos casos hay que agotar antes de poder acudir al juzgado, y donde ya conviene dejar planteados por escrito todos los argumentos.
Ya ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Palma o la Sala del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, según la materia y la cuantía. Demanda, contestación, prueba y sentencia. Procedimiento escrito: su presencia rara vez es necesaria.
Como el acto administrativo es ejecutable desde el primer día, con frecuencia lo más urgente no es ganar el recurso sino pedir la medida cautelar que impida entretanto que se ejecute la sanción, se cobre la multa o se demuela la obra.
Contra la sentencia de instancia, cuando la cuantía y la materia lo permiten. Se valora con criterio: no toda sentencia desfavorable merece apelación, y decirlo es parte del trabajo.
Asunto destacado
Llegar al Supremo por la vía de la casación exige que el propio tribunal aprecie interés casacional objetivo. La mayoría de los recursos no pasan ese filtro: se inadmiten sin llegar a discutirse.
La Administración al Día INAP
Tribunal Supremo
La carrera profesional forma parte de las condiciones de trabajo
El Supremo estima el recurso y extiende la carrera profesional al personal interino y laboral temporal de la CAIB.
Recurso estimado
En marzo de 2019 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó el recurso de casación que interpuse en defensa de cuatro empleadas públicas de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears a las que se había excluido de la carrera profesional horizontal por ser personal interino y laboral temporal.
El Supremo anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears y declaró que la carrera profesional forma parte de las «condiciones de trabajo» a efectos de la Directiva 1999/70/CE, de modo que excluir de ella al personal no fijo carecía de justificación objetiva. Se reconoció a mis clientas el derecho a la carrera profesional y los efectos económicos correspondientes.
Llegar al Supremo por la vía de la casación exige que el propio tribunal aprecie interés casacional objetivo: la mayoría de los recursos no pasan ese filtro y se inadmiten sin llegar a discutirse.
STS 293/2019, de 6 de marzo de 2019 Tribunal Supremo · Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª · Recurso de casación 2595/2017 · contra la sentencia del TSJIB de 21 de febrero de 2017
Se cita por ser una resolución pública y publicada. Cada asunto es distinto y depende de su documentación y de sus circunstancias: una resolución favorable en un caso no garantiza el resultado de ningún otro.
Plazos orientativos
Desliza la tabla para verla completa.
| Actuación | Desde cuándo se cuenta | Plazo general |
|---|---|---|
| Alegaciones en expediente sancionador | Notificación del acuerdo de inicio | 15 días |
| Recurso de alzada | Día siguiente a la notificación | 1 mes |
| Recurso de reposición (potestativo) | Día siguiente a la notificación | 1 mes |
| Recurso contencioso-administrativo | Fin de la vía administrativa | 2 meses |
| Reclamación de responsabilidad patrimonial | Hecho dañoso o manifestación del daño | 1 año |
| Recurso extraordinario de revisión | Según el motivo invocado | 3 meses / 4 años |
Cifras orientativas de los plazos generales más frecuentes. Existen plazos especiales más cortos en materias concretas, y el cómputo depende de la forma en que se practicó la notificación. Ningún plazo debe darse por bueno sin revisar el expediente.
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Las respuestas son orientativas: cada asunto depende de su documentación.
Por regla general, un mes para el recurso de alzada o el recurso de reposición desde el día siguiente a la notificación, y dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo frente a un acto que ya ha puesto fin a la vía administrativa. Hay excepciones y plazos más cortos en materias concretas, y el cómputo depende de cómo y cuándo se practicó la notificación. Es lo primero que reviso en la primera consulta, porque de ello depende todo lo demás.
Depende de dos cosas: si hay un defecto real en el expediente o en el fondo del asunto, y si la cuantía justifica el coste. Un recurso mal planteado solo añade gasto. En la primera consulta valoro el expediente y le digo con franqueza si el asunto tiene recorrido; cuando mi opinión es que no lo tiene, se lo digo igualmente.
Ese silencio tiene consecuencias jurídicas y no es un limbo: transcurrido el plazo para resolver, la ley determina si la petición debe entenderse estimada o desestimada, y a partir de ahí empiezan a correr los plazos para recurrir. El error frecuente es esperar indefinidamente a una respuesta que ya no va a llegar, dejando entretanto que venza el plazo. Con la fecha del escrito y su justificante de presentación se ve enseguida en qué situación está.
Sí. Es la responsabilidad patrimonial de la Administración: si un daño es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público y usted no tenía el deber jurídico de soportarlo, cabe reclamar la indemnización. El plazo general es de un año desde que se produjo el hecho o se manifestó el daño, de modo que conviene no dejarlo correr.
Depende de qué se discuta y, sobre todo, de cuándo. Las bases de la convocatoria son la ley del proceso: si son ilegales hay que impugnarlas en su momento, porque una vez consentidas ya no se pueden discutir alegando después la exclusión. Contra los actos del tribunal —exclusión de la lista de admitidos, resultado de una prueba física o psicotécnica, baremación de méritos o la calificación de un examen— cabe reclamación ante el propio tribunal y, agotada la vía, recurso contencioso-administrativo.
Lo que no revisan los tribunales de justicia es la discrecionalidad técnica: no van a volver a corregir su examen. Sí revisan que el proceso fuera correcto, que la motivación exista, que los criterios se aplicaran por igual a todos y que no haya error material. Que es, en la práctica, por donde se ganan estos asuntos.
En la práctica, casi nunca. El procedimiento contencioso-administrativo es fundamentalmente escrito y lo tramito íntegramente yo. Su presencia solo es necesaria en supuestos concretos, y en ese caso se lo advierto con antelación suficiente.